Análisis|03 de marzo de 2022

Acuerdo con el FMI: Alberto Fernández en vilo y el PRO pensando en 2023

El Gobierno de Alberto Fernández supero una extensa etapa de negociaciones con el FMI. Ahora le espera otro debate duro: con la oposición y sus aspiraciones para 2023.

Por

Julián Alvez

Política Hoy

El Gobierno vive momentos de incertidumbres con respecto al tratamiento que tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso Nacional. La gestión técnica llevada a cabo por el ministro Guzmán está siendo cuestionada tanto por izquierda como derecha: y es que lo que muchos ven como una forma de sometimiento y ajuste, otros lo analizan desde la falta de cambios estructurales y de ajuste en ciertos parámetros tanto monetarios como fiscales.

 

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados causó gran estupor en el inicio de febrero, cuando fue anunciado. Aun así, la gestión con el Fondo ya era criticada con el ala albertista del oficialismo por parte de sectores ligados al kirchnerismo duro. La falta de apoyo sorprendió por el contexto de crisis y la necesidad imperiosa del Presidente por mostrar un rumbo de cara a 2023, mas no por el lado ideológico.

 

Luego del intríngulis que significó la dimisión del hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno trató de mostrar cautela para demarcar que el acuerdo podría llegar a ser un trámite parlamentario más y que se conseguirían la mayor cantidad de votos posibles.

 

Hoy en día, esa tranquilidad parece no ser la misma.

 

Respaldado por cierto consenso ideológico de que el peor destino del acuerdo con el FMI sería rechazarlo, el oficialismo que responde a Alberto Fernández descansó en que la gran mayoría de Juntos por el Cambio acompañaría el memorándum. Referentes del radicalismo y de la Coalición Cívica se mostraron públicamente a favor de votar cualquier tipo de entendimiento que implicase no caer en default. Sin embargo, el ala PRO de la coalición fue la que se mostró más renuente a establecer un apoyo compartido con las gestiones de Guzmán.

 

La opaca "letra chica", la incertidumbre internacional que afecta a los precios del gas y del petróleo, la escasa determinación para actualizar las tarifas de los servicios públicos que se puede leer en el acuerdo y la propia interna que tiene el Frente de Todos fueron algunos de los componentes que determinaron el hartazgo de los PRO. El abandono del recinto por parte de sus legisladores en la mitad del discurso hecho por Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo significó un punto de quiebre en relación con la deuda.

 

Quien salió a hablar al día siguiente fue Luciano Laspina, diputado de JxC y referente económico especialmente escuchado por los halcones de su partido. En entrevista con La Nación, consideró que el convenio postergará la “resolución” de los problemas estructurales de la economía, acelerará la inflación y generará “una bomba de deuda doméstica que será impagable en el futuro”.

 

“No podemos avalar con nuestro voto un acuerdo que es perjudicial para los argentinos”, expresó.

 

Para Laspina, el acuerdo posterga "todas las reformas que el país necesita debatir para salir del largo proceso de estancamiento e inflación que ha inaugurado el kirchnerismo hace más de diez años" y "crea un puente al 2023, dándole continuidad a las políticas económicas del kirchnerismo y, efectivamente, le deja una bomba fiscal e inflacionaria al próximo gobierno".

 

Hasta ahora no se había tenido en cuenta a las elecciones del año próximo como factor decisorio en las posturas con respecto al acuerdo. Ante un gobierno que se prevé con un pie afuera en 2023, el PRO -y todo Juntos por el Cambio- ven los indicadores pactados entre el Guzmán y el staff técnico ya como una herencia recibida: preparándose para gestionar.

 

Amen de las buenas intenciones, el Frente de Todos se quedó paralizado sobre un pantano que ellos mismos construyeron: la necesidad de que una reestructuración o refinanciamiento con organismos como el FMI pasen por el Congreso.

 

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, muchas veces cuestionada, adelantó el panorama que se avecinaba y le ofreció a Alberto Fernández un proyecto de ley para que, en esta ocasión, el tratamiento parlamentario del acuerdo no sea necesaria y pueda determinarlo por Decreto. Sin embargo, lo rechazó. Ahora deberá batallar para tener más votos afirmativos que negativos de la legislación más importante que seguramente se vote en lo que se recuerde como su mandato.

 

 

JA