Opinión|24 de septiembre de 2022

Ley de Humedales: Una deuda con la sociedad desde hace una década

El Congreso debatió esta semana propuestas para proteger espacios que son esenciales para la conservación de la biodiversidad, ¿hace falta una nueva ley?

Por

Agustina Ponce

Politica Hoy

En el marco del avance del fuego sobre los humedales del Delta del Paraná, esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación inició el tratamiento de una regulación que tiene como iniciativa la protección de los mismos. 

 

Este debate se viene prometiendo y aplazando hace casi una década, el desarrollo del mismo y las propuestas también han evolucionado. Pero la gran pregunta es ¿Se puede combinar la actividad productiva con el cuidado de las áreas naturales? ¿Realmente una nueva ley de humedales alcanzaría para solucionar la problemática de los incendios? ¿O es un problema tan complejo de la cúal se desprenden muchas aristas y hay muchos factores a tener en cuenta?

 

Este jueves se sacó un dictamen unificado de 10 proyectos, entre los cuales se encuentra la propuesta del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, la misma cuenta con el mayor apoyo de la sociedad civil debido a que su redacción final se logró luego de varios meses de debate en los años de pandemia.

 

La intención del oficialismo es arribar a un consenso, buscando establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

 

La mayoría de los proyectos realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.

 

Lo cierto es que ya existen varias regulaciones que si funcionasen de manera adecuada, no se estaría pidiendo la legislación de una ley de humedales. Entre estas leyes preexistentes, se encuentran la ley de manejo del fuego que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. A su vez, también tenemos la ley 26.562 de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional, la misma tiene como fin prevenir incendios, daños ambientales, riesgos para la salud y la seguridad pública. Por otro lado, la Convención de Ramsar identifica humedales de importancia Internacional. Por añadidura, también tenemos la ley 25.688, que establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

 

Ante todos estos antecedentes, ¿una nueva Ley de Humedales sería útil para solucionar la problemática? No hay respuesta a esta pregunta, pero si hay una problemática que afecta a toda la población, desde los citadinos que no toleran el humo, los productores que pierden su producción y su inversión, hasta incluso los dueños de las parcelas quemadas

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho con anterioridad, lo mejor es que la ley se trate sin ningún tipo de sesgo ideológico y que no se busque perjudicar a un sector determinado detrás del lema de LEY DE HUMEDALES YA! como chivo expiatorio.

 

Es claro que la responsabilidad de las quemas no sólo recae por sobre los actores de las mismas. El último período en nuestro país ha sido de sequía y se espera que los incendios se propaguen con más velocidad con la llegada del verano. Sin embargo, nos encontraríamos en una mejor situación si las leyes ya existentes, algunas desde el año 2002, se cumplieran. Por lo tanto, hay falencias por parte de todos y en todas partes.

 

Pero por último, hay un gran desconocimiento por parte de los legisladores de la realidad que se vive en el interior respecto a las quemas. Muchos de ellos no tienen claras las características que posee un humedal, ni tampoco han caminado por las hectáreas de aquellos productores que todo lo han perdido. Eso sin mencionar que en nuestro país los bomberos son voluntarios, no reciben un sueldo, ni tampoco el entrenamiento necesario para poder hacerle frente a los incendios, personalmente esta es una de las primeras cosas que tendríamos que cambiar si son los incendios lo que nos preocupa. 

 

Como hemos resaltado en notas anteriores “El desconocimiento por parte de la política queda reflejado con cada una de las medidas que se toman” y si bien es cierto que como políticos puede que no conozcan en su totalidad la realidad, al menos deberían preocuparse por conocerla.