Argentina: Entre una realidad angustiante y un futuro esperanzador
Hoy en nuestro país tener trabajo no garantiza el acceso a bienes y servicios básicos; nos encontramos frente a la injuria de trabajadores pobres
Antes de que empieces a leer estas líneas debo dejar en claro que aquí no encontrarás recetas nuevas ni datos desconocidos, sino el cuadro de una realidad angustiante y un futuro esperanzador.
Hoy el empleo formal en la Argentina lleva más de una década de estancamiento, su desarrollo ha detenido la marcha. Esta afirmación temeraria podemos realizarla aún con indicadores mostrando que se encuentra en su máximo histórico de los últimos 10 años.
Semejante dicotomía se entiende ya que a pesar de un avance interanual que promedió el 5% en 2022 en el Sistema Previsional Argentino (SIPA), buena parte de este número descansa en la suba de empleados públicos y trabajadores independientes; muchos de estos enmarcados en el llamado monotributo social. Ex trabajadores del sector privado migrados al sector público o que hoy “son su propio jefe”.
A su vez, debemos tener presente la terrible realidad de un 40% de argentinos que viven bajo la línea de pobreza y la desesperanza del 8.1% que sobrevive en la indigencia de acuerdo a datos del INDEC. Seamos claros, hablamos de más de 18.500.000 argentinos pobres y casi 4.000.000 de indigentes. Por caso, en febrero de este año en la Ciudad de Buenos Aires una familia tipo necesitó contar con ingresos cercanos a los $98.000 para no sumergirse en las estadísticas de indigencia, unos $175.000 para no ser considerada pobre y casi $270.000 para permanecer en la otrora agraciada clase media. Como corolario, durante el tercer trimestre de 2022 el ingreso medio en Argentina fue de $80.435.
Esto explica en parte los resultados a los que arribó un informe de Bumeran en el cual el sueldo promedio pretendido en Argentina durante el mes de febrero se situó en $229.559. Hoy en nuestro país tener trabajo no garantiza el acceso a bienes y servicios básicos; nos encontramos frente a la injuria de trabajadores pobres.
A estos indicadores ya de por sí demoledores, debemos agregarle que en nuestro país hoy 2 de cada 3 niños son pobres. Un reciente informe de UNICEF explica que aproximadamente 8.800.000 menores argentinos “… experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales”. La Declaración de los Derechos del Niño (1.959) entiende que todos los niños deben tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y en condiciones saludable. Un derecho tan básico y fundamental como comer día a día se ve vulnerado frente a nosotros.
Respecto a la inflación, la última publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró un incremento del 8.4% en abril, ubicándose el acumulado del año en un 32% y la variación interanual en el 108.8%. Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan que acariciaría el 99% hacia fines de año; para algunos especialistas esta estimación resulta benévola.
Lamentablemente, generaciones de desocupados, trabajos que como hemos visto sus remuneraciones no alcanzan para cubrir necesidades básicas, numerosos “movimientos sociales” que se alimentan de la pobreza, egoísmo y corrupción sistémica entre muchas otras cosas han minado cualquier proyección de futuro en diversos sectores, destruido la cultura del esfuerzo y el trabajo, demolido e implantado la sobrevida del día a día. Oportuno es mencionar que al momento de escribir estas líneas, nuevamente la Ciudad de Buenos Aires se encuentra sitiada por los gerentes de la pobreza.
Con miras a torcer el destino que nos propone esta realidad debemos analizar la situación del sector productivo. En este sentido, Misión Productiva en junio del año 2022 publicó un artículo llamado El estancamiento del empleo formal en el cual parte de la base de que “…la pobre performance macroeconómica es la principal responsable, sin embargo, existe menos certeza respecto a qué velocidad se espera que se dé este proceso, o sobre cuáles son los sectores productivos que lo traccionarían”. El mencionado artículo señala que las grandes empresas generan el 37% del empleo total en la Argentina a pesar de significar una pequeña proporción del universo empleador. En el mismo sentido infiere que resultaría esperable que frente a un nuevo crecimiento económico sean dichas empresas las que encabezarían la contratación de nuevos trabajadores.
Resulta indispensable potenciar sectores que naturalmente son grandes generadores de divisas, cuentan con alta proyección de crecimiento, generación de valor agregado y empleo de calidad. Sólo a modo de ejemplo, destaco el indudable potencial en industrias tan diversas como energética, minera (con el litio y el cobre a la cabeza) y alimenticia (ya no sólo el sector agrícola sino también el potencial de la llamada Pampa Azul), servicios basados en el conocimiento, forestal y turística. Estas oportunidades ameritan sin lugar a dudas inversiones y mejoras en infraestructura, transporte, energía y reconversión tecnológica principalmente.
En este sentido podríamos sintetizar algunos de los indicadores de los sectores mencionados de la siguiente manera: estimaciones privadas del sector energético, como recurso estratégico para el desarrollo socio-productivo del país, prevén que el sector de energías renovables creará más de 17.000 empleos en Argentina para las diferentes etapas que demandaría la evolución energética; adicionalmente un documento de CIPPEC publicado en marzo de 2021, menciona que un impacto positivo en el desarrollo de nuestra matriz energética podría significar la creación de 139.000 empleos en la industria argentina y 158.000 en la construcción. De acuerdo a proyecciones del sector minero, Argentina llegaría a triplicar sus exportaciones en 2032, alcanzando los USD 12.000 millones, y generaría 30.000 nuevos empleos directos e indirectos (contando industrias de base minera). En cuanto a la llamada Pampa Azul, actualmente se estima que la depredación extranjera de nuestros mares y sus recursos causa pérdidas de unos USD 2.600 millones al año; en este sentido resultan abrumadores los empleos y recursos que se generarían en la industria naviera, marítima, comercial, logística y alimenticia si se atendiera este recurso de forma consciente y planificada.
Por su parte un informe referido a Servicios basados en el conocimiento (SBC) de Julio de 2022 elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación señala que entre 2010 y 2020 “las exportaciones por ocupado en el sector de software y servicios informáticos en Argentina promediaron los USD 16.400 millones”, por otra parte con 113.600 trabajadores registrados los SBC ya en el año 2020 significaron cerca del 7% del empleo privado en Argentina. En la industria forestal, hacia finales de 2021 el sector empleaba a unas 100.000 personas, mientras que las estimaciones del sector hablan de la posibilidad de duplicar ese número. En cuanto a turismo, el WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), considera que durante la próxima década Argentina estaría en condiciones de generar 530.000 nuevos empleos en el sector.
No escapa a este somero análisis que son varios los frentes que se deben combatir y diversos los sectores socio-económicos que debemos contemplar; la generación de empleo tiene que abarcar tanto al calificado como al no calificado. Debemos ponernos como norte la quijotada de rescatar al 40% de nuestros compatriotas que, como hemos visto, viven en la pobreza. Así, a los sectores mencionados en el párrafo anterior tenemos que agregarle aquellos que requieren baja calificación, como ser construcción, servicios personales, cuidado de personas y servicios domésticos.
A fin de alcanzar estos objetivos, resulta indispensable contar con una economía sólida y sana, que genere la confianza suficiente para que los actores privados aumenten las inversiones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la consecuente generación de empleo. Propongo 5 puntos que creo fundamentales encarar en este sentido: simplificación del sistema tributario, educación para el futuro del trabajo, actualización de la normativa laboral, reconversión de planes sociales y descentralización poblacional.
Respecto a la simplificación del sistema tributario, Argentina un país federal con 3 niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) convive con trámites y cargas duplicadas o triplicadas, lo que genera mayor carga burocrática, aumento de los costos, ralentización y complejización de los procesos y desincentivo a la inversión formal; por otro lado esta superposición produce en el Estado inconvenientes para una correcta fiscalización y aumenta las posibilidades de actos de corrupción. Vale recordar que históricamente Argentina tiene casi la mitad de su economía en la informalidad, es decir que una simplificación y reducción de la carga impositiva debiera redundar en un incentivo a la formalización.
En relación a la educación para el futuro del trabajo, debemos contextualizar la situación actual mencionando que de acuerdo a los resultados de la Prueba Aprender 2022, aún con mejoras respecto a años anteriores, el 25.9% de los estudiantes mantiene niveles básicos o por debajo del básico en lengua, en tanto que respecto a matemáticas el indicador en iguales niveles se ubica en un 42.3%; resulta de Perogrullo que el primer esfuerzo debe estar en revertir estos resultados. Por otra parte, materias como educación financiera, informática, tecnología y al menos una lengua extranjera deben ser parte obligatoria de una currícula dinámica; a su vez considero interesante la propuesta del Prof. Alejandro Artopoulos (Director Académico del Centro de Innovación Pedagógica de UdeSA) en relación a un Plan Nacional de “Alfadatización” al que explica como “un neologismo que unifica la visión de preparar a los jóvenes para la economía del conocimiento con cómo estas demandas del mercado se juntan con la formación ciudadana y la cultura”. Del mismo modo la vinculación entre la escuela y el sistema productivo debe ser constante y articulada. Albert Camus (1913-1960) decía que “la escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe”.
Sobre la actualización de la normativa laboral, con indicadores de trabajo no registrado que se ubican en torno al 38%, estancamiento en la creación de empleo formal tal como mencionábamos al inicio del artículo y con una ley que ordena el régimen laboral encontrándose pronta a cumplir sus bodas de oro, se entiende la necesidad de una reformulación de la normativa que contemple la realidad, las complejidades de este siglo y la difícil situación socio-económica que afronta nuestro país, que incentive no solo la formalización de los puestos laborales existentes sino también a nuevas contrataciones. Un seguro de garantía de indemnización (SGI) pareciera ser un instrumento adecuado en el cual un trabajador mantiene y amplía derechos ya que a partir de una desvinculación por decisión de cualquiera de las partes el trabajador podría cobrar el equivalente a su último sueldo durante los meses que correspondieran por años trabajados (sin importar en dónde o para quién lo hiciese), hasta conseguir un nuevo empleo, a su vez el SGI sería un adicional al momento de la jubilación; respecto al empleador el SGI disminuiría los costos para las empresas, principalmente en lo que refiere a litigiosidad, reduciendo sus pasivos financieros, aumentando sus activos y mejorando su acceso al crédito. Es decir que este instrumento aseguraría la indemnización al trabajador.
Los planes sociales en primerísimo lugar deben otorgarse sólo a ciudadanos argentinos, bajo condiciones específicas, sin la intermediación de organizaciones sociales, de corresponder por tiempo determinado y con una contraprestación, vinculando esta monumental masa de decursos hacia la formalización laboral. Recordemos que hablamos de $3.000 millones diarios.
Por último, creo necesario en cualquier plan federal de desarrollo, el incentivo a la migración interna desde asentamientos y centros urbanos de clase media colapsados hacia el interior del país, a través del desarrollo de infraestructura (energía, telecomunicaciones, transporte, agua, cloacas, etc.), incentivos a la inversión privada, acceso al crédito para viviendas y apoyo a las economías regionales. En relación a los barrios de emergencia, el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) informa en su sitio web la existencia de 5.687 barrios relevados en Argentina, habitados por más de 5.000.000 de personas, ocupando un territorio equivalente a casi 3 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires; la situación resulta aún más angustiante teniendo presente que estos indicadores refieren a la situación a diciembre de 2018.
Debemos repetirnos como un mantra que más de 18.000.000 de argentinos viven debajo de la línea de pobreza; nuestra vocación debe estar encaminada a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar esta situación para que recuperen la dignidad que confiere el trabajo, como dice Su Santidad Francisco, “no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo”.