Si seguimos mirando al abismo, nos devolverá la mirada

El jueves 1 de septiembre de 2022 pudo haber marcado el retorno de una vieja conocida en la Argentina, la violencia política. Lejos de menguar el clima de crispación, la Vicepresidenta  y el ex Presidente Macri continuaron sufriendo amenazas de muerte telefónicamente. En un contexto económico adverso como el actual, sumar una escalada de violencia sería ir hacia un callejón sin retorno.

Tras el atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación,  se dió un insólito debate en las redes sociales acerca de la veracidad del hecho o la justificación del mismo debido a la utilización de discursos violentos por parte de algunos referentes del Frente de Todos. Nada puede justificar lo sucedido, ni siquiera los excesos políticos de la vereda de enfrente. Sin embargo, la reproducción de estos hechos no es un fenómeno reciente. 

Las redes sociales en el eje de la discusión

En los últimos días, el gobierno descartó llevar adelante la discusión de una ley contra los discursos de odio. Dar por tierra la presentación de un proyecto en este sentido es acertado, ya que el estado argentino carece de la capacidad técnica para abordar el problema.  

Sin embargo, es necesario debatir la conformación de herramientas estatales para la protección de los ciudadanos y de su información en internet. Los gobiernos se han quedado muy atrás en la regulación de la web y de sus prácticas nocivas, desde la reproducción de discursos de odio, hasta el tráfico de personas y armas en la deep web.

La incapacidad técnica no solo va de la mano de la falta de inversión, sino también del hecho de que los algoritmos que gobiernan las redes sociales carecen de cualquier tipo de regulación externa o estatal.

Twitter, por ejemplo, es un espacio donde abundan las cuentas fake (mejor conocidas como bots) diseñadas para presionar a formadores de opinión en una dirección determinada. El dueño de la red social, Jack Dorsey, se escuda en defender la libertad de expresión en todas sus formas. Sin embargo, cuando Donald Trump lleva adelante una acción antidemocrática instigada por las redes sociales, como la toma del congreso en 2021, es bloqueado automáticamente y su sanción persiste hasta el día de hoy.

Más allá de lo repudiable de la actitud antidemocrática de Trump, ¿con qué legitimidad puede Dorsey silenciar al Presidente de los EEUU? ¿Por qué Twitter permite que en Argentina los Diputados puedan fogonear la violencia pero en los Estados Unidos no?

A inicios de febrero de hace un año, la Plaza de Mayo iniciaba su jornada con bolsas mortuorias colgadas en las rejas de la Casa Rosada, marcadas con los nombres de referentes de derechos humanos y de familiares de políticos que habían recibido la vacuna del Covid antes de tiempo.  

Recientemente este año, una marcha con antorchas convocada el 9 de julio en todo el país terminó con una guillotina colocada a metros de la casa de gobierno, en clara alusión al terror revolucionario de la Francia de fines del siglo XVIII, en una especie de “que se vayan todos” jacobino. 

Uno de los hechos más dramáticos de esta escalada de violencia fue cuando una bomba estalló en un local partidario del Frente de Todos en Bahía Blanca. En las inmediaciones de la zona se hallaron panfletos llamando a una “purga” contra los partidos políticos responsables de la situación económica y social. 

Sin embargo, estos sucesos de violencia, distan de ser de abajo hacia arriba. Desde cargos de responsabilidad institucional Diputados Nacionales han aplaudido el accionar de policías agrediendo a sus pares, han publicado en twitter la palabra “bala” como solución a hechos delictivos. En esta línea, un ex candidato a presidente  planteó con total irresponsabilidad que la realidad política estaba circunscrita a la lógica de un “ellos o nosotros”, solo para después desdecirse cuando ya era tarde.

Por otro lado, el líder del movimiento político libertario, Javier Milei, ha amedrentado en muchas oportunidades a sus detractores afirmando que “tiemblan los zurdos” frente a los éxitos de su fuerza electoral. Resulta paradójico que un movimiento que afirma ser el guardián de la libertad, utilice el miedo como herramienta.

Los algoritmos que sancionan cuentas en redes sociales deben someterse a las leyes de cada país y, para lograrlo, es necesario dotar al Estado de la capacidad de sancionar a quienes no cumplan la ley en el nuevo espacio público que es la arena digital. Si el estado cuenta con oficinas y programas en barrios populares para que los servicios lleguen a todo el territorio, ¿por qué el Estado no debería llegar al ágora digital?

Esto no implica la constitución de un gobierno autoritario, sino la promoción de normas sancionadas de manera democrática que deben ser diseñadas para evitar que impere la ley del más fuerte en el actual estado de naturaleza 2.0.

En 1983, se respiraban aires de pluralismo y democracia. Tal es así que cuando en la campaña de Herminio Iglesias se quemó un cajón con el escudo de la UCR, el hecho conmocionó tanto a la sociedad que le costó al peronismo la elección y le dio el triunfo a Raul Alfonsín.

Es necesario que como sociedad volvamos a ser así de intolerantes con la intolerancia.